El tratamiento ya no puede seguir siendo mirar a otro lado.

El mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían es una práctica muy antigua en la historia de la humanidad con difícil determinación de su fecha inicial, pero importantes repercusiones en las distintas sociedades que la han padecido a lo largo de la historia. Esta práctica ha calado tan hondo en las mismas que las palabras corrupción y funcionario parecerían estar inexorablemente unidas.

Traigo esto a colación debido al escándalo que ha generado las declaraciones del doctor Brady De Las Nueces (link). Este médico quien cursaba la residencia de  neurocirugía denunció a través de un video el cual se volvió viral en las redes sociales, un fuerte entramado de corrupción en el hospital regional José María Cabral y Báez de la ciudad de Santiago de Los Caballeros. El médico describió situaciones sumamente irregulares las cuales van desde la venta de plazas y exámenes de residencias médicas hasta un fraude  de  insumos contra el Senasa en dicho hospital.

De ser ciertas estas declaraciones, no solamente se pondría en relieve un entramado deleznable en cuanto a los procesos de adjudicación de plaza y sustracción de materiales quirúrgicos para ventas ilícitas con el consecuente daño a los contribuyentes, sino más bien resaltaría de manera penosa una vez más el resultado abyecto de una cultura de la permisión, ignorancia y renuencia al cambio.

La verdadera realidad es que las prácticas que pudiéramos catalogar como “cuestionables” alrededor del médico dominicano vienen sucediendo a lo largo de toda la trayectoria formativa del estudiante, extendiéndose con notoriedad después de este haberse graduado. Los ejemplos sobran; maestros alterando el calendario estudiantil para su conveniencia, clases nunca impartidas en hospitales de enseñanza por aquellos profesores de renombre pagados con el dinero de los contribuyentes, la sobreutilización del recurso humano laboral médico en contraposición a las normativas laborales y académicas o el pago monetario exigido para acceder al derecho a ser entrevistado bajo criterios subjetivos que debe realizar un médico si desea ingresar a una residencia. Todas estas situaciones en mayor o menor medida son actos de corrupción, pero lo que sí nos debe de llamar a la atención, no son solamente los actos de corrupción en sí, sino más bien el germen de la permisividad inherente al estamento médico dominicano, el cual trasciende gobiernos y direcciones gerenciales pasajeras.

En otras oportunidades he dicho como el hermetismo y la abstracción del gremio médico y lo relacionado al proceso social evolutivo y formativo del mismo en República Dominicana crean un desinterés, desconocimiento y paralelismo con la sociedad común, esta incomprensión con la consecuente separación que conlleva, debilita la fiscalización y el foco de atención que proviene de los contribuyentes.

Nótese el lector que para la mayoría de los ciudadanos  es mucho más fácil, tener entendimiento de la señalizaciones externas del uniforme de un militar o de la autoridad que representa un rango, así como también la perfecta estructura de un palé de la lotería nacional, ya que las mismas son instituciones con la que están familiarizados, razón por la cual los escándalos de corrupción recientes en la sociedad dominicana les generan más atención. Sin embargo, la desconexión de los mismos con el ámbito sanitario es tan ostensible que en un simple ejercicio de presentación cordial en el cual nos identificáramos como el  R3, es muy probable que ellos pensarán al unísono y sin distinción alguna entre jerarquías "el doctor".

Tenemos que entender que hay quienes utilizan todo su ingenio para la ejecución deliberada de actos cuestionables, pero también los hay quienes ignoran por completo la repercusión de sus actos. No hay que olvidar que la movilidad social alcanzada a través de la educación puede dotar al individuo de  "habilidades duras" que lo hagan un coloso en algún determinado tipo de especialidad, pero esta movilidad no siempre viene acompañada de una carga ética, moral, filosófica o un entendimiento colectivo de la realidad social de un estado de derecho. De lo que resulta que muchas veces tenemos un brillante médico con excelso currículum en áreas de mando el cual no tiene un ápice de idea del impacto de muchas de sus decisiones y cómo estas afectan al contribuyente.

 De cualquier forma, la falta de fiscalización y presión social externa, la inacción y omisión del mismo gremio o clase médica, la docilidad del médico recién graduado a la hora de exigir sus derechos y el convencimiento errado basado en criterios subjetivos de que lo que se está haciendo está bien, son un caldo de cultivo idóneo para que afloren prácticas corruptas.

Partiendo de que el entramado denunciado por el señor De Las Nueces sea real, la Procuraduría General de la República debe emplear los mecanismos pertinentes para llevar ante la justicia a todos los implicados, desde el personal administrativo-técnico hasta los galenos involucrados. Tengo la esperanza de que este caso lleve a nuestra sociedad a cuestionar si las instituciones llamadas a velar por el examen de residencias, están operando con la transparencia o tienen la legitimidad necesaria para el ejercicio de dicha actividad.

Ahora bien esto nos plantea la siguiente cuestión, ¿Qué hacer con los especialistas ya graduados dentro del esquema denunciado que pueda arrojar la investigación o los residentes en proceso de formación en la actualidad?

Siempre he sostenido con vehemencia que el sistema de filtro para residencias, es sólo una respuesta errada y anacrónica amparada en una falta de visión, organización y conservadurismo que se contrapone con los lineamientos actuales de continuidad permanente en el ámbito académico que permitan poder responder al mercado laboral cambiante de manera exponencial. Por lo cual no estaría de acuerdo en la suspensión o cancelación de los mismos, pero si sugeriría la inhabilitación temporal de sus respectivas especialidades, por un periodo similar a la cantidad de años de formación en la cual sólo se le permita ejercer como médicos generales, así como también una cláusula de impartición de docencia obligatoria condicionada a la evaluación del dicente para optar por la devolución de sus permisos, aunque nunca nuevamente de su prestigio social.

La sociedad médica dominicana no puede dejar de prestarle atención a los acontecimientos que se deriven de este caso ya que, de ser ciertos, no sólo nos estaríamos jugando nuestro buen nombre y desempeño nacional, sino también pondríamos en duda la legitimidad de nuestra gran formación especializada ante los ojos del mundo.

Aún así, hay razones para estar optimistas, de hecho, podemos sentir fracaso en el error, pero nunca sin asumirlo con la valentía que ello conlleva y ver la oportunidad oculta en él, no obstante, debemos actuar en consecuencia, aprender y reinventarnos para mejorar localmente y seguir exportando lo mejor de nosotros.

El autor Óscar Caraballo es un médico radicado en España egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Magíster en Prevención de Riesgos Laborales en UDIMA.